El Senado aprobó el nuevo Código Procesal Penal

El Código Procesal Penal fue aprobado por el Senado de la Nación y remitido a la Cámara de Diputados, luego de alcanzar 39 votos a favor y 24 en contra.

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La iniciativa tiene diversas reformas en cuanto al Código que hasta hoy se utiliza, entre las cuales se puede mencionar la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados realizando un delito en flagrancia.

Además contiene, el decomiso a favor del Estado Nacional de objetos o ganancias que son fruto o provienen del narcotráfico.

Luego de eliminar la “conmoción social” como un agravante para dictar la prisión preventiva del acusado, los senadores ajustaron las facultades que poseía el Ministerio Público Fiscal para distribuir a los fiscales en las diversas causas.

Tanto el Procurador General de la Nación como el Defensor General de la Nación podrán compensar la distribución de las causas existentes entre las Fiscalías y Defensorías ante cada Cámara “mediante un sorteo que garantice la distribución equitativa”.

En tanto, la investigación preparatoria del fiscal puede demorar hasta un año y finaliza con la acusación del imputado. Asimismo, todo el proceso, incluso el juicio, no puede durar más de tres años.

También, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.

Además, otra de las potestades de los fiscales es que podrán decidir cuáles delitos investigar. No obstante, el nuevo Código los obliga a investigar las causas contra funcionarios cuando se les atribuyera un delito cometido en el ejercicio de su cargo o episodios de violencia doméstica o discriminación.

Distintas voces

Por su parte, Aníbal Fernández sostuvo que se trata de “la transformación legislativa más avanzada de los últimos 100 años”, y que se “garantiza que el Código Procesal Penal sea el máximo en la participación de los sectores políticos porque está pensado para servir a la sociedad”.

El radical Ernesto Sanz cuestionó el artículo 5 del Código que permite la revisión de sentencias sólo a favor del condenado al mencionar que “sobre esta materia no se puede legislar” y preguntó “¿por qué sí al condenado y no a la víctima?”.

Sanz aclaró que “una sentencia es nula para todos”. Sin embargo, el peronista salteño Rodolfo Urtubey respondió las críticas hechas por el legislador mendocino al recordar que “la revisión de condenas siempre fue un último recurso a favor del condenado y siempre estuvo presente”.

“No tiene que ver con la nulidad de la sentencia y eso cubre todos los resquemores que menciona Sanz. No es contra la cosa juzgada, porque en la nulidad de una sentencia no hubo cosa juzgada”, explicó.

La legisladora de PRO, Gabriela Michetti, dijo que la iniciativa impulsada por el oficialismo “no se sabe cuándo entrará en vigencia, no reforma la Ley de Ministerio Público, no le otorga herramientas a los fiscales y no menciona qué pasa con los condenados y su resocialización”.

 

 

(Télam)

 

 

 

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